28 Mayo 2026
La Cámara de Diputados anunció la conducción de varias comisiones parlamentarias. Entre las designaciones más cuestionadas aparece la de la diputada quilmeña María Ángel Sotolano (PRO – LLA), quien presidirá la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia y además integrará como vocal las comisiones de Educación, Presupuesto y Adultos Mayores.
La decisión generó fuertes críticas debido al historial de votaciones de la legisladora en temas sensibles vinculados a derechos sociales, educación, discapacidad y jubilaciones. Distintos sectores consideran contradictorio que quede al frente de una comisión vinculada a la protección de niños, adolescentes y familias una diputada que acompañó medidas señaladas por organizaciones sociales y especialistas como perjudiciales para los sectores más vulnerables.
Entre sus votaciones más cuestionadas figuran:
• Ley Bases y Puntos de Partida: votó a favor de la aprobación del paquete legislativo impulsado por el Gobierno nacional.
• Reforma Laboral: acompañó los cambios de flexibilización laboral incluidos dentro de la Ley Bases.
• Financiamiento Universitario: votó en contra de insistir con la ley, permitiendo que quedara firme el veto presidencial al financiamiento universitario.
• Emergencia en Discapacidad: rechazó iniciativas vinculadas a reforzar y proteger prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
• Moratoria Previsional: se abstuvo en el debate relacionado con la continuidad de la moratoria previsional para personas sin los aportes suficientes para jubilarse.
Desde distintos sectores sociales y políticos sostienen que estas posiciones representan un aval a políticas de ajuste, recorte del gasto público y reducción de derechos adquiridos. Por eso, consideran que su designación al frente de una comisión orientada a niñez y familia resulta incompatible con las necesidades que atraviesan millones de argentinos.
Las críticas apuntan especialmente a la situación que viven familias trabajadoras, jubilados, estudiantes y personas con discapacidad, en un contexto de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo. “No se puede hablar de protección de derechos mientras se acompañan medidas que dejan a miles de personas sin cobertura, sin asistencia o sin acceso garantizado a la educación”, señalaron desde sectores opositores y organizaciones sociales.
La polémica por la designación vuelve a poner en debate el rol de los legisladores y las consecuencias concretas de sus votaciones en la vida cotidiana de la población.
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