25 Agosto 2026
El vocero presidencial Manuel Adorni solicitó una prórroga para presentar documentación sobre su patrimonio en una causa en la que se investigan presuntas irregularidades y un posible enriquecimiento ilícito.
El pedido fue realizado antes de que venciera el plazo de 15 días otorgado por el fiscal federal Gerardo Pollicita para que la defensa explique el origen de distintos movimientos de dinero incorporados al expediente. La investigación busca determinar si esas operaciones y el patrimonio declarado por el funcionario guardan relación con sus ingresos.
Ahora, la defensa pretende contar con más tiempo para reunir la documentación solicitada. La decisión quedará en manos de la Justicia.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa desde hace años a la Justicia argentina: la sospecha de que no todos son tratados de la misma manera cuando deben responder ante los tribunales. La percepción de una Justicia con doble vara se profundiza cuando se comparan causas que involucran a dirigentes de distintos espacios políticos.
Para muchos ciudadanos, cuando una investigación alcanza a un dirigente opositor, los plazos parecen ser estrictos y las acusaciones avanzan con rapidez. En cambio, cuando el investigado pertenece al poder político de turno o cuenta con respaldo de sectores económicos influyentes, aparece la sensación de que existen más contemplaciones, más demoras y mayores oportunidades para presentar explicaciones.
Esa percepción resulta especialmente grave porque la Justicia debería actuar con independencia tanto del poder político como del económico. No debería importar a qué partido pertenece una persona, cuánto poder tiene ni quiénes son sus aliados: ante una sospecha patrimonial, las reglas deberían ser exactamente las mismas para todos.
El pedido de prórroga de Adorni deberá resolverse conforme a las normas y al expediente. Pero el verdadero desafío institucional es que la sociedad pueda volver a confiar en que una investigación judicial no depende del apellido, del cargo o del espacio político del investigado.
Una democracia sólida necesita una Justicia que no esté arrodillada frente al poder. La ley debe ser igual para todos, y la vara utilizada para investigar y juzgar a un funcionario oficialista debe ser exactamente la misma que se aplica a cualquier dirigente opositor. De lo contrario, la Justicia deja de ser percibida como un árbitro independiente y pasa a ser vista como una herramienta al servicio de quienes concentran poder político o económico.
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