08 Diciembre 20240
Las consecuencias de un ajuste económico extremo suelen impactar de forma más severa en los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, los adultos mayores se llevan una de las peores partes. Tras una vida de trabajo y contribución al desarrollo colectivo, ven cómo sus derechos se recortan, su poder adquisitivo se reduce, y su acceso a servicios esenciales como la salud y la seguridad social se vuelve precario.
El fragmento de Serrat, “Si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima”, resuena como un llamado urgente a la empatía. Nos invita a reconocer que la vejez no es una etapa ajena, sino un destino compartido. Esta perspectiva debería inspirar políticas públicas que garanticen condiciones dignas para quienes han construido las bases de nuestra sociedad.
Sin embargo, en el marco del ajuste impulsado por el gobierno de Milei, junto con figuras como Nicolás Caputo y Federico Sturzenegger, y respaldado por sectores empresariales, las decisiones económicas parecen orientarse hacia un despojo sistemático de los recursos de los más vulnerables. Este ajuste, calificado como criminal, no solo impacta en términos económicos, sino que debilita el tejido social, deja a muchos desprotegidos y alimenta un ciclo de desigualdad cada vez más profundo.
El ajuste no es un fenómeno neutral; responde a decisiones políticas que priorizan intereses específicos a costa de la mayoría. Las políticas de recorte afectan directamente a quienes más necesitan del respaldo estatal, poniendo en jaque principios básicos de justicia y equidad. En este contexto, resulta urgente replantear las prioridades y actuar con responsabilidad hacia quienes más sufren las consecuencias de estas medidas.
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