La Patagonia arde, no solo por el fuego que consume sus bosques, sino por las preguntas que incendian el ánimo de quienes ven cómo los intereses privados y la falta de acción gubernamental permiten la devastación de uno de los territorios más valiosos del país. ¿Quién está detrás de esta tragedia? ¿Por qué las instituciones permanecen inactivas? Y, sobre todo, ¿quiénes se benefician con la destrucción?
¿Quién está incendiando la Patagonia?
Aunque no hay pruebas concluyentes, las sospechas apuntan hacia intereses económicos que ven en los incendios una oportunidad para acceder a tierras que, de otro modo, serían intocables por su carácter protegido o inhabitado. La especulación inmobiliaria, los negocios turísticos y los megaproyectos energéticos parecen ser los grandes motores detrás de estos eventos. No es casual que las zonas incendiadas sean ricas en recursos naturales y estratégicas para su explotación.
¿Por qué los campos de Lewis nunca se incendian?
Joe Lewis, el magnate británico que controla vastas extensiones en la Patagonia, parece contar con una inmunidad casi mágica ante los incendios que afectan las áreas circundantes. Sus tierras están bien protegidas, no solo por medidas de seguridad privada, sino también, según denuncias, por la complicidad de las instituciones locales. Esto plantea la inquietante posibilidad de que los incendios sean selectivos, evitando las propiedades de quienes tienen poder e influencia.
¿Quién se beneficia con los incendios?
Los incendios limpian terrenos, eliminan obstáculos legales y reducen los costos de adquisición de tierras. Quienes buscan expandir emprendimientos turísticos, construir infraestructuras o acaparar territorios encuentran en el fuego un aliado inesperado. Además, las comunidades originarias y campesinas que habitan estas tierras son desplazadas, lo que facilita la apropiación privada. Los principales beneficiados parecen ser grandes empresarios como Lewis y aquellos alineados con su modelo de negocios.
¿Quién se quiere quedar con esas tierras?
La lucha por la tierra en la Patagonia tiene una larga historia de abusos y despojos. Multinacionales, especuladores inmobiliarios y terratenientes extranjeros ven en estas tierras un enorme potencial económico. La falta de regulación y la débil presencia estatal han permitido que estos actores ganen terreno, muchas veces en detrimento de los derechos de las comunidades locales.
¿Por qué ni el gobernador ni el gobierno nacional hace nada?
La inacción del gobierno provincial y nacional revela, como mínimo, una alarmante indiferencia ante la situación. Algunos sugieren que el peso económico y político de figuras como Lewis les asegura un manto de protección. La falta de respuesta también podría deberse al temor de enfrentar a actores internacionales con poderosos contactos, o a intereses económicos que trascienden las fronteras de la provincia.
¿Por qué la policía no hace nada?
La policía, en lugar de proteger a los brigadistas o garantizar el cumplimiento de la ley, ha sido señalada por mirar hacia otro lado. Esto no es nuevo en la región: el vínculo entre las fuerzas de seguridad y los intereses de grandes terratenientes ha sido denunciado en numerosas ocasiones. En este caso, su pasividad refuerza la percepción de que están al servicio de los poderosos, y no del pueblo.
¿Por qué la justicia tampoco hace nada y falla siempre a favor de Lewis?
El sistema judicial ha demostrado una tendencia preocupante a favorecer los intereses de Joe Lewis y otros grandes empresarios. Esto podría deberse a la influencia económica que estos actores ejercen en la región, a la corrupción o simplemente a la falta de independencia de los jueces. En un contexto donde las comunidades no encuentran respaldo ni en la justicia ni en el Estado, el camino para los abusos queda totalmente despejado.
Un llamado a la acción
La situación en la Patagonia no es solo una tragedia ambiental, sino también un reflejo de la desigualdad estructural y la falta de justicia en el país. Los incendios no son casuales ni inevitables: son el resultado de decisiones y omisiones que privilegian a unos pocos a costa de la mayoría. Es hora de exigir respuestas claras, investigaciones profundas y, sobre todo, acciones concretas que protejan a las comunidades, los ecosistemas y el futuro de la región.
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