19 Julio 2025
Pese a los antecedentes negativos que dejó su privatización en los años ’90 —con aumentos desmedidos, cortes y abandono del servicio— el Gobierno vuelve a insistir con la misma receta: vender AySA y dejar la gestión del agua en manos privadas. Esta vez, lo hará por etapas y bajo un modelo mixto que abrirá el capital a inversores.
La decisión fue anunciada este viernes por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien confirmó que el Estado comenzará a desprenderse de su participación en Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), que hoy representa el 90% del paquete accionario. El 10% restante continuará en manos de trabajadores, que seguirán como socios minoritarios.
El plan prevé una primera etapa en la que se pondrá a la venta el 51% de las acciones para perder el control accionario, seguido de una oferta pública inicial (OPI) que permitirá el ingreso de nuevos accionistas del ámbito privado, como ciudadanos, fondos o empleados. El proceso, según fuentes oficiales citadas por Ámbito, demandará más de un año y concluiría recién en 2026.
Desde el Ejecutivo aseguran que la infraestructura quedará en manos del Estado y que se establecerá un marco regulatorio “fuerte” para garantizar la calidad del servicio. Sin embargo, la experiencia anterior dejó un saldo de tarifas impagables, interrupciones injustificadas y desinversión, algo que muchos temen que se repita.
Cortes de agua y nuevas subas de tarifas
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que el futuro concesionario podría suspender el servicio a quienes no paguen, algo que, aunque ya está habilitado por ley, se formalizaría en los contratos. De este modo, un derecho esencial como el acceso al agua quedaría supeditado a la capacidad de pago del usuario.
Además, se establecería un mecanismo de actualización trimestral de tarifas, lo que abre la puerta a nuevos aumentos. Bajo la gestión de Milei, AySA ya incrementó sus tarifas en un 209% durante el primer año, y en 2025 se vienen aplicando subas del 1% mensual.
Obras que pagará el usuario
El nuevo esquema también prevé que las obras de infraestructura sean financiadas por el concesionario, pero con un mecanismo que traslada ese costo a las boletas. Incluso se plantea que municipios, provincias o vecinos puedan asumir las mejoras, desentendiendo al Estado de sus responsabilidades históricas.
Recorte de personal y futuro incierto
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, AySA inició una reestructuración que ya dejó 200 despidos y una planta reducida a 6.200 trabajadores. Aunque el Gobierno sostiene que no intervendrá en decisiones sobre el personal, reconoce que el futuro empleador tendrá la última palabra.
Por ahora, no se informaron montos estimados de lo que el Estado espera recaudar por la venta de la empresa, pero sí se confirmó que hay interesados locales y regionales en adquirir parte del capital accionario.
¿Un déjà vu peligroso?
La vuelta a un modelo privatizador ya conocido —y cuestionado— despierta preocupación en sectores sociales y políticos que recuerdan las consecuencias de los años ’90: falta de inversión, abandono de zonas vulnerables, subas constantes y servicios deficientes. Ahora, el Gobierno apuesta por revivir aquella fórmula, aunque
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