15 Junio 2026
La visita del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz a la ciudad de Junín terminó envuelta en una fuerte polémica. Lo que iba a ser un reconocimiento académico por parte de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), que planeaba declararlo “Visitante Ilustre”, fue finalmente suspendido tras el rechazo generado por su presencia.
Los cuestionamientos apuntaron a que Rosenkrantz integra una Corte Suprema señalada por diversos sectores por haber convalidado decisiones judiciales consideradas arbitrarias y alejadas de las garantías constitucionales. Entre los casos mencionados por sus críticos aparece el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya situación judicial es interpretada por amplios sectores políticos y sociales como un ejemplo de persecución política y judicial.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa a la Argentina desde hace años: la independencia del Poder Judicial. Para una parte importante de la sociedad, la Justicia ha dejado de ser percibida como un poder imparcial y comenzó a ser vista como una estructura influenciada por intereses políticos y económicos concentrados.
Quienes sostienen esta mirada recuerdan además los antecedentes profesionales de Rosenkrantz antes de llegar a la Corte Suprema, cuando ejercía la abogacía privada representando a grandes grupos empresariales. Para sus detractores, esa trayectoria alimenta dudas sobre la neutralidad con la que deberían actuar los integrantes del máximo tribunal.
La historia demuestra que cuando funcionarios, jueces o dirigentes son percibidos como cercanos a los sectores de poder y alejados de las demandas populares, tarde o temprano enfrentan el rechazo de una parte de la sociedad. La legitimidad no surge únicamente de un cargo institucional, sino también de la confianza pública y de la convicción de que las decisiones se toman con independencia y apego a la ley.
Más allá de las posiciones políticas, lo ocurrido en Junín refleja una crisis de credibilidad que alcanza a sectores del Poder Judicial. Cuando una parte importante de la ciudadanía considera que existen dobles estándares, privilegios o fallos que benefician a los grupos más poderosos, la confianza en las instituciones se deteriora.
El desafío para la democracia argentina sigue siendo el mismo: construir una Justicia que no sea percibida como cercana al poder económico ni al poder político de turno, sino como un verdadero garante de los derechos constitucionales y de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.
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