10 Septiembre 2026
Una investigación de la Policía Federal Argentina permitió identificar en Quilmes a un menor de edad que habría manifestado, a través de una conversación con una plataforma de inteligencia artificial, su intención de llevar adelante un eventual ataque armado contra compañeros de un establecimiento educativo.
La investigación comenzó el 19 de agosto, luego de que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina enviara una alerta relacionada con un usuario de correo electrónico. Según la información incorporada a la causa, el adolescente habría expresado su intención de realizar un tiroteo escolar y asesinar a compañeros, inicialmente previsto para 2027, aunque también habría mencionado la posibilidad de adelantarlo.
Además, en esas conversaciones habría manifestado interés en conseguir indumentaria y elementos de características tácticas.
A partir de la alerta, efectivos de la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, realizaron tareas de inteligencia digital y territorial. Mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), lograron establecer la identidad del presunto autor y determinar que se encontraba en Quilmes.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías del Joven Nº1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la Dra. Miriam Susana Alcolcel, a pedido de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1, encabezada por el Dr. Walter Bruno.
Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado militar, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado militar y gafas de protección táctica negras.
Tras el operativo, el menor y sus padres fueron citados a la sede de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. Las autoridades indicaron que se preservó la identidad del adolescente y el resto de sus datos sensibles.
Los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una causa caratulada como “Intimidación Pública”.
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