17 Julio 2025
El Consejo de la Magistratura inició formalmente una denuncia contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, por presunto mal desempeño en su actuación durante la investigación del escrache al domicilio del diputado José Luis Espert. La presentación fue realizada por dos legisladores nacionales de Unión por la Patria y miembros del Consejo, el senador Mariano Recalde y la diputada Vanesa Siley.
La denuncia cuestiona que la magistrada excedió sus atribuciones al ordenar medidas que, según los denunciantes, superan ampliamente el hecho investigado. También se critica la “sobreactividad” de las acciones judiciales y la difusión pública de estos operativos en tiempo real, promovida por funcionarios y militantes vinculados a Libertad Avanza, lo que, a juicio de los denunciantes, desvirtúa la función judicial y afecta a las personas detenidas, entre ellas la concejal Eva Mieri y la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar.
El trámite se encuentra en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, órgano que tiene potestad para recomendar la remoción de funcionarios judiciales si se comprueba la veracidad de la denuncia. La comisión está presidida por el senador Luis Juez y cuenta entre sus integrantes con representantes de distintos espacios políticos.
La denuncia sostiene que Arroyo Salgado incumplió normas legales y constitucionales, actuando con arbitrariedad y desconsiderando derechos fundamentales. En particular, se señala que sus decisiones atentaron contra la garantía de estabilidad procesal y la correcta administración de justicia.
Este proceso judicial se originó tras el episodio del escrache en la casa de Espert, donde se colocó un pasacalle y se arrojaron excrementos, lo que derivó en órdenes de detención y allanamientos. La causa ha tenido varias vueltas en la Cámara Federal de San Martín, que revocó algunas medidas adoptadas por Arroyo Salgado, como la liberación de Abaigar bajo fianza, inicialmente elevada por la jueza y luego reducida por los camaristas.
Por otra parte, fuentes judiciales no descartan que la denuncia pueda derivarse hacia la Comisión de Disciplina, instancia que no contempla la remoción, pero sí otras sanciones. En paralelo, también se tramita una denuncia contra la jueza Moira Fullana, quien declaró la inconstitucionalidad de un decreto que limitaba el derecho a huelga.
El futuro del proceso dependerá del avance en el Consejo, que retomará sus actividades tras la feria judicial y evaluará las medidas probatorias solicitadas por los denunciantes, entre ellas el acceso al expediente secreto de la causa.
Seguimos en Instagram: https://www.instagram.com/elmegafonodequilmesok/
Seguimos en Facebook: https://www.facebook.com/ElmegafonodeQuilmes/
Seguimos en Twitter: https://twitter.com/MegafonoQuilmes