17 Junio 2025
El Gobierno nacional modificó por decreto la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole nuevas facultades que permiten detenciones, requisas y tareas de vigilancia sin orden judicial. La medida, contenida en el decreto 383/2025, redefine el rol de la fuerza y lo orienta hacia la “seguridad del Estado” y el abordaje de delitos complejos, pero genera fuertes cuestionamientos por el impacto que podría tener sobre derechos y libertades civiles.
Entre los cambios más polémicos, se incluye la habilitación para realizar ciberpatrullaje, espiar redes sociales y actuar en “operativos preventivos” de manera discrecional. También se amplía la posibilidad de intervención en distintas jurisdicciones, lo que podría facilitar la represión de protestas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.
La reforma se alinea con la doctrina de seguridad impulsada por Patricia Bullrich, y marca un giro respecto del enfoque de seguridad ciudadana que predominó desde la recuperación democrática. Introduce el concepto de “seguridad del Estado”, ausente en la actual Ley de Seguridad Interior, lo que representa un cambio de paradigma.
El decreto se apoya en la Ley Bases, pero especialistas advierten que excede las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Argumentan que no se trata de una reforma administrativa sino de una transformación profunda con efectos sobre la vida privada, la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Además, sostienen que una reforma de esta magnitud debería haberse debatido en el Congreso.
En otras jurisdicciones donde se modificaron leyes de seguridad –como CABA, Buenos Aires o Chaco– estos procesos siempre se dieron en el ámbito legislativo. Por eso, la legalidad y la constitucionalidad de esta reforma están siendo puestas en duda.
El contexto agrava la preocupación: mientras crecen los indicios de uso político del aparato de seguridad, esta reforma se suma al contenido del nuevo Plan Nacional de Inteligencia, que habilita prácticas de espionaje sobre periodistas y opositores, ampliando el margen para el control estatal sin supervisión judicial.
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