09 Octubre 2026
El Gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo y Federico Sturzenegger como referentes de su política económica, avanza con la privatización del 90% de AySA por US$340,2 millones. Una operación cuestionada por el precio, inferior a las expectativas oficiales, y por las dudas sobre la transparencia del proceso.
Los cipayos vuelven a poner en venta el patrimonio de todos los argentinos. El agua no es un negocio cualquiera: es un recurso estratégico, indispensable para la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo. No puede quedar subordinada exclusivamente a la rentabilidad privada.
Argentina ya vivió esta historia. En 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado recuperó la gestión del servicio tras la salida de Aguas Argentinas. Se volvió a poner en discusión una idea fundamental: el acceso al agua potable y a las cloacas debe responder a las necesidades de la población.
Ahora, el gobierno de Milei vuelve a avanzar en sentido contrario. La oferta seleccionada fue presentada por un consorcio encabezado por Rowing S.A., en una operación que despierta interrogantes sobre la valoración de la empresa y los controles públicos.
¿Quién garantiza que se prioricen las inversiones necesarias, el acceso al servicio y las necesidades de los barrios por encima de las ganancias?
Los argentinos ya sabemos que recuperar lo que se entrega puede llevar años. Por eso, privatizar AySA no es una simple operación comercial: es una decisión que compromete un recurso esencial para millones de personas.
El agua es vida, no mercancía. Frente a un modelo que entrega patrimonio nacional, defender los recursos estratégicos también es defender la soberanía argentina.
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