27 Julio 2025
Una resolución del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Quilmes ordenó la intervención del barrio cerrado Hudson Park, ubicado en Berazategui, a raíz de sospechas de mala administración y falta de transparencia en su gestión.
La medida fue dictada por el juez Fernando Sarries, quien hizo lugar a una cautelar solicitada por una de las partes, tras constatar indicios de irregularidades en la administración fiduciaria del emprendimiento. Como parte de la resolución, se dispuso la remoción temporaria de los actuales responsables de la Sociedad Fiduciaria Hudson Park S.A. y el nombramiento de un interventor judicial con funciones de administrador.
El juez argumentó que, si bien las intervenciones en sociedades son de carácter excepcional, en este caso se acreditaron elementos suficientes que justifican la medida: demoras injustificadas, falta de rendición de cuentas y posibles afectaciones al interés común de los copropietarios.
El interventor designado tendrá un rol amplio: deberá asumir el control de la administración del barrio, gestionar el cobro de expensas, contratar servicios básicos (luz, seguridad, limpieza, agua, etc.), rendir cuentas mensualmente ante el juzgado y realizar una auditoría integral sobre la situación contable, legal y técnica del fideicomiso.
Además, deberá verificar documentación, revisar contratos con proveedores, analizar el funcionamiento de la app Consorcio Abierto, y examinar ingresos y gastos vinculados a espacios como el salón de fiestas Jano’s y la estación de servicio Shell, ubicados dentro del predio. También evaluará los contratos de gerenciamiento y comercialización en vigencia.
Entre las disposiciones clave, el fallo prohíbe a la administración desplazada emitir intimaciones por deudas, aplicar penalidades, contratar nuevos servicios o bloquear accesos sin autorización judicial, y también impide a terceros comercializar lotes o inmuebles del complejo mientras no se regularice la situación jurídica del fideicomiso.
Por otro lado, el municipio de Berazategui no podrá autorizar nuevas obras ni cambios en los registros de titularidad catastral, mientras que las empresas proveedoras están obligadas a mantener los servicios esenciales activos sin interrupciones, sin recibir pagos de actores no autorizados.
La intervención tendrá una duración inicial de tres meses, con posibilidad de prórroga en función del avance de las auditorías. El objetivo principal de la medida es resguardar los derechos de los compradores y habitantes del barrio, garantizar el acceso a servicios básicos y asegurar transparencia en la administración del emprendimiento.
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