27 Mayo 2024
El juez federal Sebastián Casanello ha emitido una orden urgente al Ministerio de Capital Humano de Argentina, dirigido por Sandra Petovello, para elaborar un plan de distribución inmediata de cinco mil toneladas de alimentos destinados a la ayuda social. Esta medida responde a una demanda presentada por el activista social Juan Grabois en febrero, quien denunció la suspensión en la entrega de alimentos en comedores comunitarios dentro del marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”.
La resolución judicial, revelada por Infobae, exige al Ministerio de Capital Humano detallar la distribución de los alimentos, incluyendo tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. Además, el juez ha ordenado un operativo inmediato en los depósitos para realizar un inventario preciso de lo almacenado.
La denuncia de Grabois señaló la existencia de casi cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir en centros de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán. El Ministerio de Capital Humano ha reconocido estas irregularidades, comprometiéndose a mejorar los mecanismos de distribución.
Casanello ha subrayado la importancia del derecho a la alimentación, destacando su vínculo con el derecho a la vida, la dignidad y la salud, reconocidos en tratados internacionales y la Constitución Nacional. Señaló además los alarmantes datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, que revelan que el 57,4% de la población argentina vive en situación de pobreza, con más del 60% de niños y adolescentes afectados.
Rechazando la solicitud de la fiscal Paloma Ochoa de distribuir los alimentos a todos los comedores inscriptos en el Registro Nacional, Casanello afirmó que corresponde a la Administración elegir los medios más adecuados para asegurar una alimentación adecuada. Asimismo, ordenó la presentación de detalles del stock actual de alimentos en los depósitos, incluyendo fechas de adquisición y expiración, registros de ingreso y egreso desde diciembre de 2023, y los expedientes administrativos relacionados.
Finalmente, el juez Casanello ha ordenado la elaboración de un plan en 72 horas para la distribución inmediata de todos los alimentos almacenados, buscando garantizar el derecho fundamental a la alimentación y su efectivo cumplimiento por parte del Estado.
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