19 junio 2025
Cuatro abogados platenses presentaron una denuncia penal contra los jueces H. Rosatti, C. Rosenkrantz y R. Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quienes acusan de prevaricato y tráfico de influencias. Según el escrito, los magistrados habrían actuado en beneficio del gobierno de J. Milei y de grupos de poder concentrado, afectando la imparcialidad judicial y la división de poderes.
La denuncia toma como eje lo que definen como una “conducta estratégica” por parte de los jueces, adaptando sus decisiones al clima político dominante. Señalan como pruebas tres fallos recientes: la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que regía la integración del Consejo de la Magistratura; la validación del polémico decreto con el que Milei intentó nombrar jueces sin aval del Senado; y la confirmación de la condena a Cristina F.de Kirchner en la causa Vialidad, dictada apenas días después de su candidatura a diputada bonaerense.
Los abogados denunciantes, Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta, sostienen que existe un patrón de acción que combina demoras inexplicables con resoluciones aceleradas, según la conveniencia política. Un ejemplo citado es el fallo sobre el Consejo de la Magistratura, resuelto tras más de cinco años de espera, pero aplicado de forma inmediata.
En cuanto a la designación de jueces por decreto, los denunciantes cuestionan que la Corte haya tomado juramento a Manuel García-Mansilla pese a que su nombramiento no contaba con acuerdo del Senado, como exige la Constitución. La propia Corte, afirman, incurrió en una contradicción institucional al convalidar una maniobra que había sido objetada incluso por exintegrantes del tribunal.
El punto más fuerte de la denuncia es el fallo que condena a CFK. Los denunciantes remarcan que fue emitido con una rapidez inusual, justo en plena campaña electoral, lo que —según argumentan— revela una intencionalidad política para afectar la participación de la expresidenta. La presentación judicial, en ese sentido, plantea que el accionar de la Corte “erosiona la credibilidad democrática” del Poder Judicial.
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