20 Mayo 2025
En un giro digno de un manual de impunidad exprés, el gobierno de Javier Milei decidió clausurar sin explicaciones la investigación sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, esa joyita financiera que prometía “revolucionar” el mercado y terminó en las páginas policiales. Con un decreto publicado en el Boletín Oficial —ese espacio donde las malas noticias suelen camuflarse con tecnicismos— el Presidente disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), el organismo que debía esclarecer su posible participación en una megaestafa internacional. Fin del misterio… o mejor dicho, de la investigación.
La comisión, creada con bombos, platillos y promesas de celeridad institucional en febrero, fue desmantelada por el mismo gobierno que la creó. El texto oficial justifica su disolución con la elegante frase de que ya “cumplió con todos los objetivos”. Objetivos que, por supuesto, jamás fueron conocidos públicamente. Porque, ¿para qué compartir un informe con la ciudadanía cuando se puede simplemente apagar la luz y cerrar la puerta?
La UTI tenía facultades para pedir información a todos los organismos del Estado. Contaba —en teoría— con el respaldo del Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la UIF, y hasta la Comisión Nacional de Valores. Todo muy institucional, hasta que tocó investigar al mismísimo Presidente. Ahí la cosa se volvió un poco… menos urgente.
La directora designada, María Florencia Zicavo, persona de máxima confianza del ministro de Justicia Cúneo Libarona, no llegó ni a calentar la silla antes de que le apagaran la computadora. Desde el inicio, la comisión estuvo bajo sospecha por su escasa independencia y transparencia. Y ahora, al mejor estilo “la fiesta terminó, apaguen todo”, el decreto de disolución —firmado por Milei y el propio Libarona— liquida la comisión sin rendir cuentas de sus hallazgos. ¿Qué investigaron? ¿Qué descubrieron? ¿Hay pruebas contra el Presidente? Silencio. Solo silencio.
Mientras tanto, la causa penal continúa en el juzgado de María Servini. Pero políticamente, el mensaje es nítido: el gobierno se investigó a sí mismo, se absolvió, y archivó la causa.
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