04 Junio 2025
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por su accionar en la causa que investiga una protesta simbólica frente al domicilio del diputado oficialista José Luis Espert. La presentación fue realizada por los diputados Mariano Recalde y Vanesa Siley, quienes señalaron “mal desempeño” de la magistrada, acusándola de ordenar detenciones arbitrarias e injustificadas contra militantes políticos.
Los hechos ocurrieron tras una acción de protesta en la que un grupo de militantes colocó un pasacalle y arrojó estiércol frente a la vivienda de Espert en San Isidro. Lo que, a lo sumo, podría haber sido tratado como una falta menor, derivó en allanamientos, detenciones y traslados a penales de máxima seguridad.
Cinco personas fueron detenidas por este episodio: cuatro mujeres y un hombre, todos vinculados al peronismo. Entre ellas se encuentran Eva Mieri —concejal quilmeña, dirigente de La Cámpora y presidenta del bloque de Unión por la Patria—, y Alesia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. También fueron apresadas Aldana Muzzio y Candelaria Montes, mientras que el quinto detenido es Iván Díaz Bianchi, un joven trabajador administrativo.
Recalde y Siley cuestionaron el uso de cárceles federales para alojar a los detenidos, quienes fueron incomunicados y trasladados al penal de Ezeiza. “Se trata de una respuesta desmedida ante una acción política pacífica que no implicó daños ni agresión alguna”, afirmaron. La acusación formal será analizada por el Consejo de la Magistratura, mientras que la Cámara Federal de San Martín evalúa si las órdenes de detención dictadas por Arroyo Salgado fueron ajustadas a derecho.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también repudió el accionar judicial y lo enmarcó en una estrategia sistemática del gobierno nacional para amedrentar a la militancia. “No es justicia, es persecución”, señaló.
Mientras tanto, los cinco detenidos siguen privados de su libertad, a la espera de una decisión de la Cámara que podría modificar o ratificar las decisiones tomadas por la jueza en una causa que ya generó fuertes repercusiones políticas y sociales.
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