22 Mayo 2025
Mientras el gobierno nacional despliega recursos millonarios para enviar Gendarmería a reprimir jubilados, periodistas y manifestantes en la Ciudad de Buenos Aires, en el norte del país avanza un escándalo silencioso. En Salta, a solo dos kilómetros del nuevo cerco fronterizo de Aguas Blancas, denuncian la existencia de una “aduana paralela” que opera en un terreno privado conocido como Finca Karina.
La obra del cerco perimetral, que buscaba ordenar el paso de personas y mercadería por canales oficiales, generó el efecto contrario: desvió el tránsito hacia un predio sin control estatal, facilitando el contrabando hacia Bolivia. El propio interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, reconoció que el municipio perdió una parte clave de su recaudación debido al desvío del comercio y del canon por estacionamiento.
Vendedores ambulantes, carreros y pequeños comerciantes quedaron prácticamente paralizados. La zona fue bloqueada, y la economía local, devastada. Según testimonios recogidos por medios locales, desde Finca Karina salen camionetas robadas, cruzan gomones con carga ilegal, y se trafica mercadería sin pasar por ningún control oficial.
El predio sería propiedad de un ciudadano boliviano de apellido Salazar, y no tiene actividad productiva conocida. Sin embargo, se habría convertido en un paso constante de contrabando que burla a las autoridades argentinas, que hasta ahora no se han pronunciado sobre el tema.
Mientras tanto, el gobierno nacional elige reprimir las calles porteñas, mientras en el norte el contrabando se consolida a la vista de todos. Y como si eso fuera poco, sigue avanzando la entrega de recursos estratégicos, incluyendo Tierra del Fuego.
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