10 Junio 2026
Manuel Adorni se adhirió al régimen de “Inocencia Fiscal” promovido por el gobierno de Javier Milei, en medio de cuestionamientos por la falta de una declaración jurada completa y sin poder justificar el origen de parte de sus bienes e incrementos patrimoniales.
La norma reduce las exigencias para justificar aumentos de patrimonio e ingresos ante los organismos de control. En los hechos, quienes adhieren ya no deben detallar con el mismo nivel de rigurosidad el origen de cada variación patrimonial.
La ley fue impulsada por el propio oficialismo, con el respaldo de Javier Milei, José Luis Espert, Santiago Caputo, Juan Pazo y María Ibarzabal. Para muchos críticos, se trata de otro caso de “hecha la ley, hecha la trampa”: una norma diseñada por quienes luego pueden beneficiarse de una menor exigencia en los controles patrimoniales. Sus defensores aseguran que busca simplificar el sistema tributario, pero las críticas apuntan a que termina favoreciendo a sectores que deberían rendir cuentas con mayor transparencia.
El caso de Adorni genera especial controversia porque decide acogerse al régimen justamente cuando crecen los reclamos para que explique la evolución de su patrimonio. Para sus detractores, la ley funciona como un paraguas político y fiscal que reduce controles sobre funcionarios y dirigentes cuestionados.
Mientras millones de argentinos enfrentan el ajuste, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de sus condiciones de vida, el Gobierno impulsa mecanismos que parecen ofrecer más beneficios a quienes manejan el poder que a quienes deben sostener el peso de la crisis. Las dudas sobre el patrimonio de funcionarios continúan, pero las herramientas para investigarlas parecen cada vez más débiles.
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