29 Julio 2025
En una medida que generó fuerte polémica, el Gobierno nacional adjudicó formalmente la propiedad de una central hidroeléctrica en Río Negro a la empresa Hidden Lake S.A., firma estrechamente asociada al magnate británico Joe Lewis. La decisión se da en un contexto de creciente preocupación por el avance de intereses privados sobre recursos estratégicos, particularmente en zonas sensibles como la Patagonia.
La central, de 7,2 megavatios de potencia, se encuentra en una zona clave del conflicto por el acceso al Lago Escondido, y fue construida por Patagonia Energía, también bajo control de Lewis. Ambas compañías comparten directivos y administración, con Nicolás Van Ditmar, histórico representante del empresario en la región, al frente de las operaciones. La usina comenzó a volcar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, tras ser incorporada al programa de renovables RenovAr, lo que le garantizó beneficios impositivos y un precio preferencial: cobra por megavatio diez veces más que centrales como Salto Grande.
La adjudicación se concretó a través de un acta oficial que establece las condiciones de explotación y operación. Sin embargo, la legitimidad de esta cesión ha sido cuestionada, dado el historial judicial de Hidden Lake. La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció a la empresa en 2022 y solicitó su intervención judicial y posterior disolución. El organismo sostuvo que se trata de una sociedad “ficticia”, utilizada para ocultar la titularidad real de las tierras en manos del ciudadano británico, en violación de la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras.
Esa norma impide que personas extranjeras adquieran propiedades a menos de 150 kilómetros de las fronteras sin autorización expresa de una comisión especial. Para sortear esta restricción, Lewis utilizó una firma con accionistas argentinos (HR Properties Buenos Aires S.A.), que luego se transformó en Hidden Lake S.A., absorbida posteriormente por su holding Tavistock Group.
El empresario, uno de los más ricos del Reino Unido, compró unas 12.000 hectáreas en la provincia de Río Negro a pocos kilómetros de la frontera con Chile. La operación fue cuestionada incluso por el propio Ministerio del Interior, que en su momento la calificó de irregular.
Las denuncias contra la firma incluyen no solo violaciones a la legislación de tierras, sino también represiones privadas a manifestantes que intentaban llegar al Lago Escondido —cuyo acceso público continúa siendo obstaculizado— y la participación en un escándalo institucional: en 2022, Lewis alojó en su mansión a jueces, fiscales y empresarios de medios en una cumbre secreta. Entre los asistentes se encontraban los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola, todos cercanos al expresidente Mauricio Macri. El grupo se hizo llamar “los huemules”, en alusión al animal emblema de la región.
El evento fue organizado por el propio Van Ditmar, quien también fue denunciado por privación ilegítima de la libertad, piratería y sedición.
El contraste entre las múltiples denuncias y la falta de consecuencias judiciales alimenta la sospecha de que el Estado no solo ha mirado para otro lado, sino que ahora directamente premia a quienes actúan al margen de la ley. Para algunos dirigentes políticos, esta nueva entrega no es casualidad: llega en plena cuenta regresiva hacia las elecciones y forma parte de una estrategia de recaudación con fines de campaña.
Seguimos en Instagram: https://www.instagram.com/elmegafonodequilmesok/
Seguimos en Facebook: https://www.facebook.com/ElmegafonodeQuilmes/
Seguimos en Twitter: https://twitter.com/MegafonoQuilmes