05 Agosto 2026
Cada vez que se debate la extranjerización de la tierra surge una pregunta incómoda. ¿Por qué, cuando se trata de grandes extensiones en manos de propietarios extranjeros, da la impresión de que el Estado despliega todos sus recursos para protegerlas, mientras enormes porciones del territorio argentino sufren incendios, inundaciones o problemas de acceso sin recibir la misma atención?
También aparece otro interrogante. ¿Por qué alrededor de las propiedades de grandes terratenientes extranjeros, como Luciano Benetton, Joe Lewis, Ted Turner, Peter Lee McBride o los herederos de Douglas Tompkins, existe la percepción de una mayor protección estatal, mientras otros sectores del territorio nacional enfrentan recurrentes incendios, inundaciones o dificultades de acceso? Es una pregunta que muchos argentinos deberían hacerse y que merece una respuesta.
El caso de Lago Escondido volvió a instalar ese debate. Para muchos ciudadanos resulta difícil comprender por qué el acceso a un camino de uso público genera un importante despliegue estatal, mientras otras necesidades vinculadas a la protección del patrimonio común parecen recibir una atención menor.
Nadie discute que el Estado deba proteger la propiedad privada. Lo que se cuestiona es si esa protección se ejerce con el mismo compromiso cuando lo que está en juego son las tierras, los recursos naturales y el patrimonio que pertenecen a todos los argentinos.
La soberanía no se defiende solo con discursos. También se demuestra en las prioridades de un gobierno y en la decisión de proteger, con la misma firmeza, tanto la propiedad privada como el territorio que pertenece a toda la Nación.
“La verdadera soberanía se demuestra cuidando primero lo que es de todos los argentinos.”
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