A pesar de la enorme cantidad de recursos del Estado —dinero que es de todos los argentinos— que el gobierno nacional destina a operativos de seguridad, controles y despliegues represivos, la movilización en defensa del trabajo se realizó con una importante participación popular.
Las acciones del gobierno de Javier Milei vuelven a ser cuestionadas por amplios sectores sociales, ya que su accionar se asemeja cada vez más al de un régimen represivo que al de un gobierno democrático. El temor a que el pueblo se exprese en las calles quedó en evidencia con el freno a micros en los accesos y los intentos de impedir que miles de personas pudieran manifestarse libremente.
Lejos de garantizar derechos básicos como la libre circulación y la protesta social, el pueblo salió a la calle para rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno, una iniciativa que —según denuncian los trabajadores— afectará gravemente al sector laboral y beneficiará al poder económico, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). Frente a ese reclamo, el Ejecutivo optó por el amedrentamiento y el control, demostrando el miedo que le genera la organización popular y la expresión colectiva del descontento.
Pese a estos obstáculos, la convocatoria fue masiva. Trabajadores de distintos sectores dijeron presente, entre ellos Sanidad Quilmes, que participó activamente de la movilización, reafirmando su compromiso con la defensa del trabajo, los derechos laborales.
La jornada dejó en claro que, aun frente a la represión y las trabas, el pueblo sigue en la calle y no renuncia a hacerse oír.
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