06 Mayo 2025
La decisión del Gobierno nacional de dar de baja más de 200 mil pensiones por discapacidad generó un fuerte repudio desde distintos sectores. Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, advirtió que la medida fue aplicada de manera arbitraria y sin evaluar los casos de forma individual, lo que calificó como “una actitud cruel y preocupante”.
En declaraciones a Radio Splendid AM 990, Calmels sostuvo que la quita masiva de pensiones no contempló las particularidades de cada beneficiario y denunció que el proceso se realizó sin responsabilidad institucional:
“El método que decidieron tomar es cruel. Redujeron las pensiones de manera inequitativa e injusta”.
Además, remarcó que la situación genera un impacto directo y severo en el sistema de salud pública, especialmente en el área de salud mental, que ya se encuentra sobrecargada:
“Es una situación de ahogo por todos lados. Lo que se está viviendo es desesperante”, aseguró.
Desde el Gobierno nacional justificaron la medida alegando que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó “irregularidades” durante una auditoría, y señalaron que muchos beneficiarios no respondieron a las citaciones para evaluar la continuidad del beneficio.
Sin embargo, desde la provincia denuncian que el trasfondo es otro:
“Es humillante y el único objetivo es tener un achique económico en el sector más vulnerable y desprotegido”, concluyó Calmels.
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